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Gobierno recorta derechos y recauda a costa de la salud de los trabajadores públicos

El Poder Ejecutivo impulsó estos cambios, a través de la Ley de Rendición de Cuentas, que luego fue votada por todos los legisladores de la Coalición tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Con la instrumentación del nuevo régimen el Gobierno persigue como principal objetivo el de recortar a costa de la salud de los trabajadores.

La tijera del gobierno de coalición no tiene límites y avanza sobre los derechos y las políticas sociales, perjudicando a los trabajadores en los momentos dónde la situación económica de la familia es más compleja, cuando se transita una enfermedad y se generan gastos adicionales asociados a la misma que afectan la economía familiar.

Los cambios que se le hicieron al proyecto original del Poder Ejecutivo en el Parlamento establecen que, durante la enfermedad, habrá 9 días en el año (alternados o consecutivos) que no generan descuento y a partir del décimo día se percibirá el 75 %, lo que significa una rebaja salarial del 25 %.

Para el Gobierno de Coalición, calculadora en mano, esto significa un posible ahorro de 90 millones de dólares. Detrás del discurso de desprestigio al trabajador estatal se encubre el objetivo central de achicar, recortar y violentar los derechos de los trabajadores públicos.

En los hechos, el nuevo sistema, se aplicará únicamente a la Administración Central y los servicios descentralizados.

Sí, se aplicará a la Administración Central, que ha sufrido en estos dos años y medio de gestión la política de ajuste más regresiva del gobierno, y que ahora será la más golpeada por estos cambios: recorte de inversiones, cese de contratos, recorte de más de 3000 puestos de trabajo, cierre de oficinas en todo el país principalmente en el interior, desmantelamiento de los servicios, supresión de políticas sociales en los momentos más críticos de la pandemia, reducción de gastos de funcionamiento, etc.

El objetivo central del Gobierno es claro, profundizar el sistema de desigualdad, engrosando la riqueza de quienes más tienen, a los que el propio Presidente ha nombrado los «malla oro», perjudicando y extrayendo directamente del bolsillo de los trabajadores, jubilados y pensionistas ese aumento brutal de la concentración de riqueza.

El nuevo régimen de licencias médicas es una disposición más del gobierno que avanza en ese sentido.

Desde COFE hemos realizado propuestas concretas que ninguna fue considerada por el Gobierno ni los Legisladores.  Consideramos que el foco debe estar en otro lado y no en el recorte y perjuicio generalizado.

A las situaciones de abuso se las debe combatir y en eso coincidimos, pero no a través de un sistema que perjudica al conjunto de trabajadores públicos.

Propusimos entre otras cosas:

  • Instalar los servicios de prevención y salud en los Organismos Públicos, que en el sector público brillan por su ausencia.
  • Análisis serio y profundo de la determinación de las causas de las enfermedades y la vinculación a la tarea desempeñada, adoptando las medidas preventivas necesarias,
  • Dotar de la cantidad de personal y recursos adecuados al departamento de certificaciones de ASSE de forma que puedan realizarse los controles necesarios ante una situación de enfermedad,
  • Que efectivamente los Organismos convoquen a las juntas médicas en los plazos previstos,
  • Que se establezca la destitución del funcionario en caso que se falsee la realidad,
  •  Instrumentar el cruzamiento de datos obligatorio de todos los Organismos Públicos con BPS y un sistema de auditoría y control adecuado.
  • Instrumentar un sistema gradual dónde en una primera etapa el foco sea la mejora de los controles y seguimiento para luego, de ser necesario, analizar otras formas de abordar la situación.

Todas estas propuestas fueron ignoradas por el Gobierno, cuya posición se centraba únicamente en el número final de recorte presupuestal.

Tan es así que la propia disposición normativa establece que este «subsidio» en determinadas circunstancias está gravado por IRPF, cuando en el sector privado el subsidio no está alcanzado por ese impuesto. Además, tampoco está establecido expresamente en la redacción votada que compute para el aguinaldo, cómo si ocurre en el subsidio que rige en el sector privado.

En el afán de «fundamentar» este ajuste, la propia Oficina Nacional de Servicio Civil, estableció por escrito, que, en el caso de las mujeres, la situación de abuso en el uso de licencias médicas, se explica por sus tareas de cuidados y la falta de motivación en su trabajo producto de las pocas posibilidades de ascenso. El Organismo rector de la política de Gestión Humana en el Estado sustenta estos cambios sobre afirmaciones sin ningún dato concreto y profundizando la discriminación de género en el Estado.

El propio BPS ha reconocido las dificultades para gestionar el nuevo sistema de licencias médicas en el sector público. A esto se suma que, al momento de la certificación médica, en cada prestador de salud no se identifica al médico tratante, lo cual genera más dificultades para gestionar el nuevo sistema.

COFE rechaza el nuevo sistema de certificaciones médicas, que constituye una rebaja salarial. Abogados especializados tanto en el derecho constitucional como administrativo, sostienen que este nuevo sistema de certificaciones médicas es inconstitucional y realizaremos las acciones necesarias para recorrer el camino de la inconstitucionalidad de la Ley.

La nueva Ley, que fue votada por los legisladores de la coalición, no transitó ningún ámbito de negociación colectiva, incumpliendo la Ley 18.508, de negociación colectiva del sector público. Es indiscutible que cambios en materia de derechos, condiciones de trabajo y salariales requiere de la convocatoria a los ámbitos de negociación colectiva que, hasta el momento, a pesar de las reiteradas solicitudes de COFE, el Poder Ejecutivo nunca convocó.

Queda por delante la definición de un Decreto del Poder Ejecutivo, previo a que se aplique efectivamente el nuevo sistema.

Instamos al Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, a que convoque los ámbitos de negociación colectiva establecidos por Ley y se inicie un espacio de intercambio que hasta el momento no han existido, dónde discutir, intercambiar y negociar sobre todos los puntos incluidos en el nuevo régimen recientemente votado.

Consejo Directivo de COFE – 5 de octubre de 2022

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